Nuevo capítulo en el culebrón de las mutualidades de funcionarios. Tras quedar desierto el concierto de Muface, que da servicios sanitarios a 1,5 millones de funcionarios y familiares, ahora surgen complicaciones para los conciertos médicos que cubren a militares y jueces. Un tribunal administrativo ha atendido la petición de medidas cautelares para la licitación que estaba en marcha, para 2025 y 2026, y a la que habían acudido las aseguradoras Adeslas y Asisa. En su resolución, fechada el 21 de noviembre, se acuerda “suspender el procedimiento de contratación”, hasta que se aclaren las alegaciones presentadas.
Las mutualidades afectadas son Isfas —que atiende 550.000 militares y guardias civiles, dependiente del Ministerio de Defensa— y Mugeju —que da servicio a 91.000 jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia…—. A diferencia de lo ocurrido con Muface, en estos dos casos sí que se habían presentado varias aseguradoras para ofrecer esta cobertura. Asisa y Muface para Isfas y Mugeju, y la Nueva Mutua Sanitaria solo para esta última. Otras compañías, como Sanitas y Mapfre, decidieron no acudir a este convenio.
Las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tienen su origen en sendos recursos presentados por Unipromel (la Asociación Unión Médica Profesional, que representa a facultativos independientes) contra los pliegos de las dos licitaciones de renovación de esta cobertura para 2025 y 2026. Su presidente, Ignacio Guerrero, lleva tiempo batallando contra las mutualidades funcionariales. “Es una vergüenza este arreglo, porque se saltan totalmente la relación médico-paciente, para ponerle por encima varias capas de intereses administrativos y empresariales, en las que el médico y el paciente salen claramente perjudicados”, explica.
Las mutualidades como Muface surgieron en 1975 para organizar la asistencia sanitaria a los funcionarios. Cada dos años, estos organismos (dependientes del Gobierno central y financiados en un 80% con cargo a los Presupuestos Generales), sacan un nuevo concierto para que aseguradoras privadas ser presten a dar cobertura de salud a los mutualistas y beneficiarios, que en el caso de Muface ascienden a 1,5 millones de personas. El funcionario puede cada año decidir si quiere tener sanidad pública o sanidad concertada a cargo de una de las aseguradoras participantes. La mutualidad paga a estas compañías una prima por cada paciente asegurado pero, desde hace años se vienen quejando de que el dinero que reciben es insuficiente.
En el caso de Muface, al haber quedado desierto el concurso, el Gobierno ha iniciado una licitación exprés para tratar de atraer al sector asegurador. En esta ocasión, el Ministerio de Función Pública ha dado la vuelta al proceso. En lugar de establecer una prima de partida, ha pedido a las entidades interesadas “que informen del precio de este servicio, con el objetivo de dotar a la nueva licitación de la mayor transparencia”.
También se plantean otros cambios, como que los funcionarios tengan que elegir si quieren atención pública o concertada de una vez y para siempre, o extender el plazo del convenio a tres años (2025-2027) para darle mayor solidez.
Mientras el Ejecutivo trata de maniobrar para salvar el concierto, la inquietud crece dentro del colectivo. El principal sindicato entre los funcionarios, CSIF, ha convocado una gran movilización para el 14 de diciembre “en defensa del concierto sanitario”.
Además, desde el sindicato han cargado contra el Ministerio de Sanidad por el informe en el que se expresaba la intención de traspasar a los 1,5 millones de funcionarios (entre titulares y beneficiarios) a la sanidad pública.
Respecto a la paralización de los concursos para los convenios de Isfas y Mugeju tendrá que pronunciarse ahora un tribunal administrativo de apelaciones. El abogado que ha presentado el recurso en nombre de los médicos autónomos, Juan Miguel Piqueras, explica que “normalmente tardan en pronunciarse entre tres y seis meses, aunque es muy probable que en esta ocasión se den más prisa”.
Mientras tanto, los más de dos millones de personas cubiertas por el mutualismo funcionarial aguardan impacientes para ver qué ocurre con su atención médica. Los tres conciertos —Muface, Isfas y Mugeju— vencen el 31 de diciembre. Desde el Gobierno ya han anunciado que, en el peor de los casos, utilizarán la carta de la prórroga forzosa para obligar a las aseguradoras a seguir prestando el servicio al menos hasta septiembre de 2025.
