EL LIBERTADOR consultó al director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), Fausto Cálix, afín de conocer quiénes son los propietarios de esta flota vehicular, sin embargo, el funcionario aclaró que los nombres se mantienen en privado porque el caso está investigación, aunque aseguró son de agentes privados, sin descartar que también pueda haber políticos.
Redacción / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), Fausto Cálix, remitió al Ministerio Público (MP) 33 expedientes relacionados con una flota vehicular que ingresó al país de manera irregular, evadiendo aproximadamente nueve millones de lempiras en impuestos.
Ante el caso, EL LIBERTADOR consultó al funcionario sobre los propietarios de estos vehículos; sin embargo, Cálix respondió que la ley le impide divulgar los nombres de los presuntos responsables. Detalló que los automotores ingresaron al país en los últimos seis meses y que los hallazgos preliminares revelan la participación de personas con diferentes perfiles, sobre todo del sector privado y del ámbito político.
“Hemos concluido esta investigación y se ha remitido al MP, en principio, para recuperar lo dejado de percibir, es decir, recuperar lo defraudado; ese es nuestro principal objetivo al llevar esta denuncia. Lo segundo es para que el MP, si encuentra elementos suficientes para presentar una acusación en el ámbito penal, lo haga ante los juzgados competentes”, explicó.
Este no sería el primer acto de corrupción dentro de la institución, según detalló el funcionario. Desde que asumió la titularidad de ADUANAS, Cálix puntualizó que han realizado investigaciones sobre falsificación de títulos académicos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y asociación para delinquir. En varios de estos casos ya se han obtenido sentencias condenatorias.
“ADUANAS, históricamente, ha sido la ‘gallina de huevos de oro’ y muchas personas han estado en este cargo precisamente para enriquecerse, para salir de aquí millonarios y hay muchos casos de lo que podríamos hablar en ese sentido. Particularmente, nosotros hemos encontrado personal de la institución que no concuerda su patrimonio con lo que percibe como salario y para ello, ya hemos presentado las denuncias ante el Ministerio Público y otros ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)”, detalló.
En ese contexto, también presentó una denuncia ante el TSC y la Fiscalía relacionada con una empleada de la institución acusada de presentar 33 constancias médicas fraudulentas, emitidas presuntamente por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), con las que obtuvo excusas para ausentarse de sus labores.
“A través de una resolución, el Seguro Social las declara nula las 33 constancias, es decir, que no solo es un caso de investigación para ADUANAS, sino para todos los médicos que expidieron las constancias al interno del Seguro. Yo creo que el centro [IHSS] debe de investigar porque con qué intereses las expidieron”, cuestionó Calix.
El director de ADUANAS lamentó que la normativa penal vigente beneficie a los «contrabandistas» y «defraudadores», ya que estos pueden evitar la persecución judicial simplemente pagando el monto defraudado. Y concluyó: “Ahí hay una falla en esa norma, pero ya es decisión del Ministerio Público si presenta o no un requerimiento fiscal que los vincule a otro tipo de delitos”.
