Tras tres jornadas, este viernes fueron formalizados los 12 miembros de una banda delictual que cometió diversos delitos en las regiones del Maule y el Biobío.
Los sujetos habrían sido detenidos el pasado 29 de octubre en el contexto de un operativo interregional entre las Brigadas de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Talca y Concepción, solicitado por una investigación de parte de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (Unaac) regional.
La banda se dedicaba a realizar diversos robos en la zona centro sur del país. La investigación en su contra se inició por hechos ocurridos en abril de 2025, cuando el grupo habría robado una plantación legal de cannabis sativa ubicada en Pelarco, en la cual habrían sustraído alrededor de 100 kilos de cosecha.
Tras ello, solo ocho días después habrían regresado al lugar con armas de fuego para nuevamente sustraer parte de la cosecha.
“Es ese contexto que estos sujetos o parte de esta banda fue detenida. Posteriormente algunos de los vehículos involucrados fueron identificados en la ciudad de Concepción a raíz de la investigación de un delito de robo de cable. Desde allí la investigación mancomunada tanto de las unidades policiales de la región del Biobío permitió a través de diferentes técnicas investigativas identificar a todos y cada uno de sus integrantes”, explicó el fiscal jefe de la Unacc, Francisco Soto.
Tras tres jornadas de formalización, los imputados fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación criminal, tenencia ilegal de arma de fuego y dos delitos de robo con violencia.
“Luego de poder exponer los antecedentes en el Juzgado de Garantía, y escuchar a sus defensas, el juez de garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de nueve de estos imputados, entendiendo que todos los delitos por los cuales había formalizado el Ministerio Público se encontraban acreditados y habían antecedentes suficientes de participación respecto a estos nueve imputados”, detalló sobre los resultados de la audiencia Soto.
Se estableció un plazo de 90 días para la investigación.
