La prensa en Uruguay sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la democracia del país. Desde sus orígenes, el periodismo uruguayo ha estado ligado a la construcción de ciudadanía, al ejercicio del pensamiento crítico y a la fiscalización del poder. Su rol ha sido, y sigue siendo, esencial para garantizar la transparencia, el pluralismo y la libertad de expresión.
Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy los medios de comunicación, en especial los digitales, y los periodistas enfrentan desafíos cada vez más complejos: la desinformación, las fake news, la sobreproducción de contenido y el agotamiento de las audiencias frente al exceso de información. En medio de este contexto, el periodista se aferra a lo esencial: ir directo a la fuente, verificar los hechos y ofrecer a la sociedad noticias veraces, equilibradas y creíbles.
Todo esto se suma a los casos de censura denunciados en el país en los últimos cinco años. Según el informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) para el período de abril de 2020 a marzo de 2021, se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión en Uruguay, de los cuales 30 correspondieron a rechazos de pedidos de acceso a información pública. A esto se suman casos concretos de autocensura dentro de un diario, tras “llamadas desde el gobierno” para evitar la publicación de una nota sobre vínculos de un exjefe de seguridad presidencial.
Por eso, en una era donde parece que todo carece de contenido de valor y la información veraz tiene un costo muy alto, esa búsqueda de verdad se ha convertido en un acto de resistencia. Los medios digitales, como el nuestro, nacieron precisamente de esa necesidad y convicción: mantener viva una mirada crítica, analítica y comprometida con la realidad. Pero esa óptica no siempre es bien recibida, ya que muchos actores políticos, algunos con un poder considerable, perciben en los medios una amenaza o una incomodidad.
Esa situación genera una tensión permanente que, aunque debería ser saludable en democracia, a veces se transforma en desconfianza. Existen funcionarios que ven en la prensa un aliado necesario para explicar sus políticas y rendir cuentas a la ciudadanía. Sin embargo, también hay quienes consideran a los periodistas un obstáculo, un adversario o, en el mejor de los casos, un mal necesario.
Para nadie es un secreto que la política marca el pulso informativo en Uruguay, tanto gobierno como oposición usan redes sociales para instalar temas, lo que muchas veces obliga a los medios a reaccionar y amplificar el ruido político. La cobertura, en general, tiende a concentrarse en los conflictos y declaraciones más que en los análisis profundos o el seguimiento de políticas públicas, generando un flujo constante de información inmediata pero a veces superficial.
En los últimos años, la relación entre prensa y política se ha vuelto más directa, más inmediata y, quizás, más “frágil”, ya que un comentario o una pregunta incómoda puede generar enojo en alguna de las partes. A esto se suma el desafío de las redes sociales, que permiten a los políticos hablar sin intermediarios, construir su propio relato y controlar el mensaje.
Aun así, la prensa escrita parece mantenerse sólida frente a esas luchas mediáticas. Las redes sociales, como X, a veces hacen que las palabras pierdan contexto, que falten contrastes y que la ausencia de preguntas empobrezca el debate público. Cuando el poder se comunica sin mediación, el discurso se convierte en propaganda y la información puede volverse un monólogo.
Por eso, el periodismo uruguayo no debe ser tratado como un enemigo, sino como un contrapoder legítimo. Su función no es complacer ni confrontar por gusto, sino cumplir un deber ético: preguntar, investigar y publicar. La libertad de expresión no se defiende con discursos ni declaraciones de ocasión, sino con hechos concretos, como garantizar y proteger el acceso a la información pública, asegurar la transparencia de los procesos y respetar la tarea de informar, incluso cuando incomode. Esto también debe ser parte de la responsabilidad de los políticos que defienden la democracia.
El testimonio directo y la voz de los protagonistas son esenciales en esa búsqueda de información veraz. Sin embargo, los comunicadores se enfrentan con frecuencia a la falta de disposición de la clase política para atender a los medios digitales. Algunos funcionarios priorizan a los grandes conglomerados mediáticos o eligen hablar con aquellos que comparten su línea editorial. Otros, directamente, prefieren el silencio o basarse en un juicio de valor antes de decidir si conceder una entrevista o no.
Esa selección interesada de voces genera un desequilibrio informativo que perjudica el debate público y margina a los medios digitales “no favoritos” por la clase política. Sin embargo, hay un factor que nunca se debe perder de vista, y es que la política necesita de la prensa tanto como la prensa necesita de la política.
En Uruguay, la prensa no debe ser militante, pero tampoco puede aislarse, debe estar cerca de la gente, escucharla, interpretar sus necesidades y contar sus historias, sin dejarse arrastrar por la urgencia de la inmediatez. Al mismo tiempo, los políticos deben entender que la transparencia no es una opción estratégica, sino una obligación ética: se deben al público, al igual que los medios.
Finalmente, es importante destacar que Uruguay cuenta con un ecosistema mediático compacto, donde conviven grandes grupos tradicionales con una generación de medios digitales emergentes. Esa estructura, si bien garantiza diversidad, también genera competencia por audiencias pequeñas y recursos publicitarios limitados, lo que históricamente dificultó proyectos de colaboración. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio y se empiezan a explorar nuevas formas de trabajo conjunto que fortalecen el gremio y la independencia periodística.
