El proyecto de ley que enmarca el Presupuesto Nacional para el período de Gobierno 2025-2029 se encuentra siendo debatido en el Parlamento mientras que hay sectores que reclaman la insuficiencia de lo destinado. En ese sentido, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) se declaró en conflicto con el Poder Ejecutivo y Legislativo, ante las asignaciones presupuestales previstas para el Poder Judicial, defendiendo que “no cubren las necesidades mínimas para sostener el servicio jurisdiccional con estándares adecuados”.
La secretaria de AMU, Dra. Marcela Sena, explicó a Diario La R que se trata de una situación que se remonta a más de 30 años. “Todo ha cambiado, ha cambiado la situación de la sociedad, del delito, de la violencia, de la tecnología, entre otros. Sin embargo, lo único que no cambia es el presupuesto del Poder Judicial”, expresó. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) había solicitado 44 millones de dólares para 2026 y se enfrenta a los tres millones destinados, que significan un 6,5% de lo solicitado.
Es así que la medida se basa en que “tenemos más responsabilidades para mantener con el mismo presupuesto”, situación que repercute en la sociedad que solicita de sus servicios, porque “estamos haciendo la justicia del siglo XXI, pero con la estructura presupuestal del siglo pasado”. Si bien el trabajo más visible es en materia penal, recordó que los juzgados funcionan en varias materias y ante la contemplación del presupuesto, reflexionó que en los próximos 5 años van a estar peor.
Exponiendo la actual situación en ejemplos, mencionó que no es lo mismo tener 10 audiencias en el día, que tener tres. “Esa saturación de trabajo sin el personal suficiente, provoca demoras, pero también que no se le preste la mejor atención ni se dé una respuesta de calidad, cuando nosotros tenemos que dar una respuesta digna y efectiva”, lamentó. En ese sentido, transmite que el problema no es interno del Poder Judicial sino de toda la ciudadanía.
El proyecto que el Poder Judicial presentó contempla medidas concretas como la creación de 24 juzgados especializados en violencia basada en género (6 en Montevideo y 18 en el interior), junto con nuevos magistrados, defensores públicos y equipos técnicos especializados. Algo que se opone a la partida asignada para la creación únicamente de dos juzgados especializados, para lo que se disponen unos 78 millones de pesos a partir de enero de 2027. “Tenemos seis funcionando en el país, cuatro en Maldonado, dos en Rivera y dos en Salto. El resto del país, incluido Montevideo, con más de 1 millón y medio de personas, no tiene juzgados de violencia de género”, informó.
En el interior, por ejemplo, los juzgados acumulan todas las competencias, y en Montevideo no hay juzgados de violencia de género y los casos son liderados por los juzgados de Familia Especializados, que atienden situaciones de urgencia en materia de género y violencia doméstica.
En ese sentido, recordó que las estadísticas de violencia de género en Uruguay muestran un aumento sostenido de las denuncias en la última década. “Es un desborde de situaciones y hemos planteado varias veces que hay que resolverlas, sin embargo nos dijeron que no a todo eso”, analizó.
Además, se plantea el fortalecimiento de la defensa pública, con la incorporación de 116 cargos entre titulares y suplentes, y medidas de salud laboral, suplencias y carrera funcionarial, que apuntan a dignificar el trabajo de jueces, defensores y funcionarios, y asegurar la continuidad de un servicio humano y eficiente. “Actualmente estoy certificada y ya sé que hay expedientes que están esperando a mí reintegro. Eso es algo que va a seguir sucediendo en la medida que no tengamos un mayor presupuesto”, explicó la Dra. Sena.
Por otra parte, reclaman por la seguridad en las audiencias. “Nadie va a un juzgado feliz. Muchas personas se enojan, rompen puertas, rompen vidrios o lastiman a la otra persona. Cuando ingresás al Palacio Legislativo hay un sistema de seguridad, en la Suprema Corte de Justicia podés ir abriendo las puertas”, expresó. En ese sentido informó que “no se trata de seguridad personal sino laboral, porque hay situaciones que lo requieren”.
La AMU propuso a los integrantes de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado que un determinado porcentaje de la tasa que se cobra en el registro de testamentos se destine a la seguridad de los jueces, sin embargo la respuesta fue negativa.
No se descartan medidas
Consultada por las medidas a tomarse luego de declarado el conflicto, mencionó que se decidirá el 15 de noviembre pero “estamos abiertos a todas las medidas, desde las más simples a las más extremas”. Por otra parte, lamentó la falta de respuesta y diálogo con las autoridades del Parlamento.
Sena reiteró que en los próximos 5 años la situación va estar cada vez “peor”, porque la sobrecarga se verá reflejada en mayores certificaciones por salud mental, se va seguir perdiendo la confianza hacia el Poder Judicial, “porque la gente ya dice que no se miran los expedientes antes de resolver”, va a seguir aumentando el trabajo para el mismo presupuesto y por ende “las situaciones que requieren respuestas inmediatas van a demorar meses”.
El comunicado que emitieron finaliza expresando que el objetivo es “un servicio de justicia accesible y confiable para la ciudadanía. Sin recursos suficientes no hay independencia, y sin independencia no hay justicia”.
