Desde su balcón, Ángela Menéndez mira hacia su parcela, llena de césped, árboles y plantas. Un entorno idílico si no fuera por lo que se vislumbra más allá. “Me asomo a la ventana y veo Mordor”, dice esta asturiana de 77 años. Mordor es como llaman los vecinos de la zona oeste de Gijón a la acería de ArcelorMittal, ya que sus montañas de carbón y sus chimeneas ardiendo tan cerca les recuerdan al territorio oscuro y ficticio de El Señor de los Anillos. No es extraño, pues según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en el periodo de 2007 y 2022 la instalación industrial —que comprende varios recintos entre Gijón y Avilés— fue la segunda de España que causó más emisiones en dióxido de carbono (CO₂) —gas impulsor del cambio climático—, así como la mayor emisora de partículas en suspensión (PM10), y de las mayores en dióxido de azufre (SOx) y dióxidos de nitrógeno (NOx) —tres sustancias contaminantes nocivas para la salud—.
Los residentes denuncian que esas partículas generan un polvo que se pega en los imanes y oscurece las placas solares, que en muchos casos dejan de funcionar al cabo de unos meses. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma) ha llevado a los tribunales al Principado de Asturias por autorizar al recinto a contaminar más de lo permitido. El Gobierno asturiano responde que la empresa está realizando inversiones que mejorarán la calidad del aire, mientras el Ayuntamiento señala que no se superan los límites legales en el caso de las partículas, las más dañinas para la salud. La empresa se remite a su web, donde defiende que da trabajo a más de 5.000 personas, que ha instalado una nueva chimenea con un filtro más potente y que pretende reducir las emisiones de CO₂ un 35% en 2030.
Para los vecinos que viven al lado, el CO₂ es lo de menos (pues aunque provoca el cambio climático no es un gas dañino si se respira). “Que tengas una casa así de bonita y tengas que estar todo el día encerrada dentro por no poder abrir las ventanas…”, se queja amargamente Menéndez. Para demostrarlo, se acerca a las placas solares que instaló en el suelo de su finca. Están completamente negras. “No sirven para nada, se les pone encima una capa de sedimento que es muy difícil de quitar y no funcionan”, continúa. Con la ayuda de un rascador, intenta quitar una pequeña parte. No hay manera. “Cuando vivía mi marido, intentábamos rascar la capa a menudo, pero cuesta muchísimo y a los dos meses volvía a aparecer. Mi hija intentó poner un invernadero y tuvo que dejarlo porque había que cambiar el plástico a menudo. Y este polvo es lo que estamos respirando. A mí la siderurgia me está quitando años de vida”, denuncia.
Ese polvo está por todas partes: en las tejas, en las ventanas, en el suelo. Pilar Hevia, vecina de Ángela, coge una escoba y se pone a barrer el porche, lleno de partículas negras y rojizas. Después, acerca un imán al recogedor: la mayoría de las partículas se pegan a este. “En un mes en mi casa, que está cerca, saco un bote de polvo como este que debe pesar un kilo. Esto está en los árboles, en las plantas, en el suelo, y en nuestros pulmones”, lamenta Hevia, de 59 años.
Esta mujer afirma que su hijo, de 22 años, tiene asma desde hace 15. Ángela tercia: “A mi nieto, de 10 años, también le acaban de diagnosticar asma, y la pediatra le ha dicho a mi hija que está desbordada de casos similares”. De hecho, según datos de 2016 a 2018 del Principado recogidos por El Comercio, los vecinos de la zona oeste de Gijón son los más afectados de la urbe por enfermedades respiratorias. Mientras, el Ayuntamiento de la ciudad ha encargado este año a la Universidad de Oviedo un nuevo estudio epidemiológico sobre contaminación e ingresos por enfermedades cardiorrespiratorias (todavía no hay resultados).
Ambas vecinas forman parte de la Plataforma contra la contaminación de Xixón, que aglutina a colectivos, sindicatos y ecologistas y pide a las administraciones reducir la polución en esta zona de la urbe asturiana. También está ahí Inés Prada, de 64: “ArcelorMittal es una industria que da muchos puestos de trabajo y tiene mucho poder, pero exigimos que las Administraciones hagan cumplir la normativa a una industria que está anclada en el siglo XX”.
Denuncia al Principado
El Iidma, una ONG de derecho ambiental, ha denunciado al Principado por ser laxo con ArcelorMittal, y ello a pesar de que la empresa tiene adjudicados 450 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para un proyecto de descarbonización, tal y como confirma Transición Ecológica. Según estos abogados ambientales, con esta ayuda la empresa se comprometió a construir una planta DRI —reducción directa del hierro, en inglés— para sustituir un horno alto y un sínter —las partes más contaminantes— con hidrógeno verde, así como un horno de arco eléctrico híbrido alimentado con renovables. Se incluía, además, la instalación de un filtro de mangas “que habría supuesto una mejora de los niveles de partículas en suspensión”, según la versión de la ONG.
“La empresa se está echando para atrás de la construcción de la planta DRI por motivos económicos, diciendo que debido a los costes energéticos actualmente no es rentable, y el Principado se lo está permitiendo”, comenta frente a la fábrica Massimiliano Patierno, ingeniero ambiental del Iidma —organización que pagó el viaje de este periodista para conocer la situación de primera mano—. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirma que la denuncia está admitida a trámite y la investigación se encuentra en una primera fase, recabando informes y pruebas.
Un portavoz del Principado rehúsa comentar un asunto judicializado, pero explica sus actuaciones con la fábrica: “La instalación del filtro de mangas en el sínter B fue una medida recogida en un plan de acción de marzo de 2021. En octubre de ese año, la empresa solicitó modificar el contenido […] sustituyendo el filtro de mangas por dos medidas alternativas […] cuyos efectos en la mejora de calidad del aire en la zona oeste de Gijón se han considerado equivalentes”.
Se trata de “la construcción de una chimenea de 60 metros de altura para facilitar la dispersión de las emisiones y mejorar la calidad del aire, y en la instalación de un sistema de captación y filtrado de partículas procedentes del enfriador del sínter A, inversión no prevista anteriormente”. Además, “es evidente el efecto positivo que tendrá en la calidad del aire el cierre previsto del sínter B y de un horno alto en la planta de Veriña”, concluye el Principado.
ArcelorMittal también prefiere no valorar un asunto judicializado, y remite a la información colgada en su web. En su Informe de sostenibilidad de 2023 explican: “El acero es uno de los sectores que presenta más dificultades para reducir sus emisiones, ya que genera grandes insumos de energía, tradicionalmente de combustibles intensivos en carbono”. Su objetivo es reducir un 35% la intensidad de las emisiones de carbono para 2030 y ser neutros en 2050.
En cuanto a la polución, señalan que han instalado en el sínter A “un sistema de campanas de aspiración que capta el polvo de la zona donde se genera y lo envía a un nuevo filtro de mangas, para abatir estas partículas previo a su emisión por una chimenea de nueva construcción” [la de 60 metros]. “Como resultado, se han reducido drásticamente las emisiones difusas al ser captadas por el nuevo sistema. La concentración máxima de partículas en la emisión por la chimenea del nuevo sistema es inferior a los 10 mg/Nm3 [miligramos por metro cúbico en condiciones normalizadas de presión y temperatura]″, apunta la compañía.
“La industria tiene su parte negativa, claro, pero también da trabajo. Yo prefiero tener la industria cerca y que se cumplan los estándares más estrictos de calidad ambiental”, indica en su despacho Alejandro Navajas, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón. “Entendemos la preocupación de los vecinos, yo también veo la fábrica desde mi casa. Pero los límites de partículas PM10 [las más dañinas] están mejorando: el año pasado se superó el límite legal 31 días, sin llegar a los 35 días que marca la ley para hablar de incumplimiento anual”.
Tanto el Consistorio como el Principado tienen protocolos para episodios de alta contaminación que se activan tras tres días con las partículas disparadas y pueden solicitar a la fábrica que reduzca su actividad. Mientras, el Defensor del Pueblo recomendó en 2022 “que en los planes de calidad del aire que se aprueben en lo sucesivo en el ámbito de la comunidad autónoma se incorporen las medidas correctoras de la contaminación atmosférica previstas en el anterior y que excepcional y justificadamente no se hayan ejecutado”.
Todo eso le suena a palabrería a Ángela Menéndez, que mira con pena hacia la fábrica desde su casa: “Yo nací en esta zona y ya tengo muchos años, pero me gustaría irme a vivir a otro sitio porque estoy viendo el sufrimiento de mi nieto con el asma. Tiene 10 años y toda la vida por delante. Pasan los años, hacen inversiones y promesas y seguimos igual. Necesitamos que las administraciones nos protejan”.
