El gobierno de Teodoro Obiang Nguema ha alcanzado un acuerdo provisional con Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, para introducir sus servicios en Guinea Ecuatorial exclusivamente para las empresas del sector petrolero mientras avanzan las negociaciones, según ha sabido Diario Rombe de fuentes próximas de la Oficina Reguladora de las Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial (ORTEL), la entidad gubernamental encargada de supervisar, regular y controlar el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información en el país.
De acuerdo con las autoridades, esta decisión “no pone en peligro la seguridad del Estado”, ya que estas empresas operan bajo estricta supervisión gubernamental. Sin embargo, el régimen utiliza este argumento no sólo para justificar la exclusión de los ciudadanos ecuatoguineanos, a quienes acusa de poder usar Starlink para “desestabilizar el país”, sino también para generar ingresos. Según ha sabido Diario Rombe, ORTEL ha impuesto condiciones restrictivas que excluyen a la mayoría de la población del acceso a Starlink.
Las personas físicas, sin importar su posición social, y las empresas privadas no podrán solicitar autorizaciones de manera directa, al menos por ahora. Solo las empresas proveedoras de internet, en su mayoría controladas por familiares del dictador, estarán autorizadas a gestionar las solicitudes y las instalaciones. Además, cualquier usuario particular que desee acceder a Starlink deberá obtener autorizaciones previas del Ministerio de la Seguridad Nacional y del Ministerio de Transportes, reforzando el control absoluto sobre la conectividad.
Dirigido por Vicente Nze Elomba, hermano de Leoncio Amada Nze Nlang y Pamela Nze Eworo, hijos de Agustín Nze Nfumu, uno de los principales cleptócratas del régimen, ORTEL no opera como un regulador independiente que fomente la competencia o el acceso universal, sino como un instrumento represivo al servicio de la dictadura. Aunque Starlink tiene el potencial de transformar las telecomunicaciones al llevar internet de alta velocidad a zonas remotas, su implementación en el país estará completamente subordinada a los intereses del régimen. Antes de iniciar las negociaciones, el Ministerio de Transportes, Telecomunicaciones y Sistemas de Inteligencia Artificial, dirigido por Honorato Evita Oma, amenazó con sancionar a Starlink, exigiendo que su tecnología se ajustara a las directrices del aparato de censura estatal.
Esta narrativa refleja la paranoia de la dictadura, que teme que el acceso libre a internet permita a la población organizarse, denunciar los abusos del régimen y acceder a información sin censura. Mientras países vecinos como Camerún, Gabón o el Congo facilitan el acceso a Starlink a través de costos accesibles y políticas menos restrictivas, Guinea Ecuatorial se posiciona como un caso único de represión tecnológica. Las restricciones impuestas no solo reflejan un miedo infundado, sino también una estrategia calculada para mantener a la población en un estado de aislamiento digital.
Aislamiento como herramienta de control
Mientras otras dictaduras permiten cierto grado de acceso a Starlink para mejorar su imagen internacional o beneficiar sectores estratégicos, el régimen de Obiang utiliza la tecnología exclusivamente para proteger sus intereses. El aislamiento informativo se convierte en una herramienta para perpetuar el miedo y la desinformación entre la población, evitando que los ciudadanos accedan a información alternativa o contacten con el exterior.
Honorato Evita Oma, ministro de Transportes, Telecomunicaciones y Sistemas de Inteligencia Artificial, ha sido el principal impulsor de estas restricciones. Fue él quien planteó a Teodorín Nguema Obiang la necesidad de perseguir y controlar estrictamente el uso de Starlink, asegurando que cualquier intento de democratizar el acceso a internet sea rápidamente neutralizado. En lugar de permitir que Starlink se convierta en una herramienta para conectar a las comunidades rurales o marginadas, el régimen prefiere consolidar su control sobre las telecomunicaciones, limitando cualquier flujo de información no aprobado por el Estado.
Las tarifas prohibitivas
En contraste con otras dictaduras de África Central como Camerún, Gabón o incluso la República Democrática del Congo, donde Starlink ya opera sin restricciones, el régimen de Obiang impone costos y restricciones diseñados para mantener a su población aislada del mundo exterior. En Camerún, Gabón y el Congo, el precio mensual promedio del servicio de Starlink ronda los 110-120 USD, con un costo inicial de los equipos cercano a 600 USD. Estos precios, aunque elevados para el ciudadano promedio, permiten que más personas y comunidades tengan acceso al internet satelital, mitigando la censura en ciertas zonas rurales o aisladas.
Por el contrario, en Guinea Ecuatorial, ORTEL ha limitado provisionalmente el acceso a dos categorías de usuarios: empresas del sector petrolero y servicios esenciales clasificados como «infraestructuras estratégicas». Las tarifas impuestas son inalcanzables para la mayoría de la población: 10 millones FCFA (aproximadamente 16,000 USD) como tarifa inicial para obtener la autorización y un 10% del costo total anual como tasa de mantenimiento, 2 millones FCFA mensuales (unos 3,200 USD) como canon por el uso de las estaciones, más otros costos adicionales por evaluación de expedientes y supervisión.
Estas tarifas no solo hacen el servicio inalcanzable para la mayoría de los ecuatoguineanos, sino que también garantizan que únicamente las empresas petroleras y las élites conectadas al régimen tengan acceso a esta tecnología. Este esquema no busca promover el acceso universal a internet, sino asegurar que la información y la conectividad permanezcan bajo el control total de la dictadura.
ORTEL ha recomendado que, mientras Starlink no obtenga una autorización oficial, su uso se limite estrictamente al sector petrolero. Esto confirma que el régimen busca mantener el acceso restringido a una élite privilegiada y continuar monopolizando el control sobre las comunicaciones. Esta política de aislamiento no solo margina a Guinea Ecuatorial del progreso tecnológico, sino que también profundiza la brecha digital y cultural con el resto del mundo. Países vecinos con dictaduras igualmente represivas están al menos reconociendo el potencial económico y social de un acceso más amplio a internet. En cambio, la estrategia del régimen de Obiang prioriza su supervivencia política sobre cualquier consideración de desarrollo, dejando a su población atrapada en un estado de desconexión deliberada.
