Tras más de quince años de expolio institucional bajo el mando de Pedro Claver Mbega, ex Delegado Nacional del Instituto de la Seguridad Social de Guinea Ecuatorial (INSESO), la población creyó respirar un soplo de esperanza cuando este fue destituido, juzgado y condenado. Muchos pensaron que con su encarcelamiento se ponía fin a una era de saqueo sistemático y de impunidad absoluta.
El régimen de Malabo prometió entonces recuperar la confianza ciudadana, blandiendo la bandera anticorrupción que Teodoro Nguema Obiang Mangue exhibe como propaganda política. En diciembre de 2021 se nombró a Tomás Esono Ava como nuevo Delegado Nacional de INSESO, un relevo que pronto se reveló como mero maquillaje. En 2024, Esono fue destituido y reciclado como presidente de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, un organismo fantasma que a día de hoy brilla por su inoperancia y ausencia total.
En noviembre de ese mismo año, en un movimiento que evidenció la falta de seriedad del régimen en su supuesta lucha contra el nepotismo, el Primer Ministro Manuel Nsue Osa Nsua fue designado presidente del Consejo de Administración de INSESO. El nombramiento fue recibido con indignación y decepción, pues el perfil de Nsue es el de un funcionario marcado por la corrupción, el clientelismo y el nepotismo, vicios que arrastra desde su paso por el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial y que hoy perpetúa con descaro en la administración pública.
Como si de su feudo personal se tratase, Manuel Nsue Osa Nsua impuso un organigrama hecho a medida de sus intereses privados: colocó a su familiares directos y ex directivos del BANGE, Moisés Angue Nso Nchama, como Delegado Nacional del INSESO; a su sobrino y empleado del BANGE, Julio Micha Nfono, como Administrador General; y creó por primera vez un cargo de Delegado Nacional Adjunto, ocupado por su amigo íntimo, Carlos Endje Ngonde, ex Jefe Adjunto de banca empresarial de BANGE. Con estos movimientos, Nsue convirtió la institución en un coto cerrado donde las decisiones se cocinan en la opulencia de su mansión, con la complicidad de asesores extranjeros cuyo interés es repartirse contratos millonarios.
Hoy, el INSESO funciona bajo la arbitrariedad y el desorden: no se respetan los estatutos, se ha creado un logotipo sin identidad, la eliminación del consejo directivo y la inexistencia de controles legales. El régimen sancionador se aplica a dedo, sin amonestaciones previas ni expedientes, mientras el reclutamiento de personal se reduce a una práctica burda de “dedoísmo originarios de Nsok Nsomo” y favores personales.
Este reportaje abre las puertas a documentos internos entregados a Diario Rombe por fuentes extraoficiales del Ministerio de la Función Pública, que confirman cómo la institución ha dejado de cumplir su misión social para convertirse en un instrumento mercantilista de enriquecimiento y control político. Las pruebas que se presentan en este y próximos reportajes detallan el modus operandi del Presidente del Consejo de Administración, Manuel Nsue Osa y su círculo cercano: desde contratos adjudicados a sus empresas y nombramientos a dedo, hasta la participación de asesores extranjeros en operaciones opacas que preparan el terreno para la privatización encubierta del sistema de seguridad social en Guinea Ecuatorial.
El plan secreto de Nsue Osa para privatizar el INSESO
La alarma crece ante la inminente privatización del Instituto Nacional de Seguridad Social de Guinea Ecuatorial (INSESO), que según diversas fuentes, estaría siendo orquestada por el propio Primer Ministro, Manuel Nsue Osa, en estrecha complicidad con sus familiares y con el ginecólogo español Ignacio Palomo Álvarez, propietario del Instituto Ginecológico y Medicina de la Reproducción Dres. Ordás y Palomo S.L. (Grupo Arpa Médica).
Para comprender cómo el Primer Ministro —actual presidente del Consejo de Administración del INSESO—, junto con su círculo más cercano, Moisés Angue Nso Nchama (Delegado Nacional del INSESO), Julio Micha Nfono (Administrador General) y Carlos Endje Ngonde (Delegado Nacional Adjunto), han gestado esta operación clandestina destinada a privatizar una institución clave del Estado, es necesario remontarse a 2011.
Aquel año, el entonces presidente del Consejo de Administración del INSESO, Marcelino Nguema Onguene, firmó un acuerdo de colaboración con el Hospital Moncloa —perteneciente al Grupo ASISA—, mediante el cual la compañía española asumía la gestión del “Hospital Nuevo INSESO de Bata” y la prestación de servicios sanitarios en Guinea Ecuatorial.
A raíz de ese convenio, el Hospital Moncloa impulsó la creación de la empresa Guinea Ecuatorial Salud S.A., destinada a gestionar proyectos sanitarios en el país, con una participación destacada de ASISA. Unos años después, Elías Abaga Nzo fue sustituido en el cargo de Delegado Nacional de INSESO por Pedro Claver Mbega Ovono.
Durante la gestión de Pedro Claver, el entonces Ministro Diosdado Vicente Nsue Milang advirtió públicamente que el proyecto “Hospital Nuevo INSESO” supondría una pérdida económica significativa para el Estado. Poco después de esa advertencia, el contrato con el Hospital Moncloa fue rescindido en diciembre de 2021, bajo la dirección del Delegado Nacional Pedro Claver. A partir de entonces, todos los empleados contratados por el Hospital Moncloa pasaron a formar parte de la plantilla de funcionarios del INSESO.
Esono Ava mantuvo en sus cargos a los directivos ecuatoguineanos del Hospital Nuevo INSESO de Bata hasta la llegada de Manuel Nsue Osa Nsua a la presidencia del Consejo de Administración, momento a partir del cual comenzó el proceso de desmantelamiento interno que hoy preocupa a amplios sectores del funcionariado.
Fuentes consultadas por Diario Rombe señalan que, tras la rescisión del contrato, el Hospital Moncloa —ante determinadas presiones— transfirió al INSESO todas las cantidades correspondientes a los derechos laborales de los empleados del Hospital Nuevo INSESO de Bata. La Delegación Nacional del INSESO se comprometió entonces a liquidar los pagos pendientes con los trabajadores, algo que, hasta la fecha, no ha ocurrido.
Los abogados de los afectados han presentado reclamaciones ante la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y otras instancias sin obtener respuesta. Lejos de ofrecer soluciones, el entonces Delegado Nacional Tomás Esono Ava llegó incluso a amenazar a los reclamantes, afirmando que “bastante han conseguido con ser integrados en la plantilla del INSESO” y advirtiendo que “quien vuelva a insinuar el tema será considerado rebelde, con las consecuencias que ello implica”. Desde entonces, solo algunos empleados “con padrinos” han logrado recuperar lo que se les adeudaba.
Cómo se urdió la operación de privatización: el negocio oculto de Manuel Nsue Osa
La operación para privatizar el INSESO no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una estrategia cuidadosamente diseñada desde los despachos del Primer Ministro, Manuel Nsue Osa, quien, aprovechando su posición como Presidente del Consejo de Administración, comenzó a mover las piezas para convertir una institución pública en un negocio privado bajo su control.
Entre los numerosos documentos entregados a Diario Rombe, destaca un informe interno demoledor fechado el 27 de agosto de 2025, firmado por el Director Gerente del Hospital Nuevo INSESO (HNI) de Bata, denunciando una presunta operación de toma de control y privatización de facto del centro hospitalario por parte de la empresa española Grupo Arpa Médica, cuyo socio único es Invyco Hispania S.L., propiedad de su presidente, el Dr. Ignacio Palomo Álvarez. El documento, dirigido a la Delegada Regional del INSESO en Bata y elaborado por mandato verbal de ella, expone una serie de actuaciones «incoherentes e improcedentes administrativamente» que culminaron en una abierta usurpación de funciones directivas en el hospital.
Según el informe, la presencia del personal expatriado del Grupo Arpa Médica en el hospital Nuevo INSESO de Bata comenzó el 10 de febrero de 2025, amparada inicialmente por una credencial del Delegado Nacional del INSESO, Moisés Angue Nso Nchama para realizar un supuesto estudio sobre los servicios médico-farmacéuticos a los asegurados. A pesar de que la directiva del HNI les brindó apoyo, los técnicos del Grupo Arpa Médica nunca presentaron un proyecto concreto, limitándose a decir que venían «para ayudar al INSESO en la gestión de sus hospitales».
La tensión se intensificó el 13 de febrero de 2025, cuando el presidente del grupo Arpa Médica, Ignacio Palomo Álvarez, solicitó por carta «más datos profundos del hospital» a sus técnicos, una información «institucional tan sensible y profunda que contiene cierto nivel de secreto administrativo», lamentó la Delegada Regional. Pese a las inquietudes, la información requerida fue entregada, a excepción de la económica, por «respeto a la jerarquía Institucional».
Grupo Arpa Médica: Veníamos a tomar la Dirección Gerencia
El punto de inflexión ocurrió el 6 de agosto de 2025, cuando un nuevo grupo de técnicos de Arpa Médica, sin credencial ni documento oficial, se presentó en el Hospital Nuevo INSESO, encabezado por José Miguel Sanabria Bonhome, Coordinador General Corporativo de Grupo Arpa Médica, Centro de Ginecología de Fertilidad Oyala y Cleodora Health Consulting SL y acompañado por Ignacio Palomo Álvarez en su calidad de Director General Corporativo y otros, incluida Sara Mba Costa (Directora Corporativa de Comunicaciones y Marketing de Grupo Arpa Médica.
Durante una mesa de diálogo, Eugenio Martínez Reoyo, responsable técnico del Banco de Sangre de Bata (quien había sido intermediario en visitas anteriores), insinuó abiertamente que ya venían para «tomar concretamente la Dirección Gerencia y la Gestión global del hospital Nuevo Inseso». Si bien fue rápidamente rectificado por José Miguel Sanabria Bonhome, quien declaró que la visita era de cortesía e inspección profunda, la acción posterior del equipo revela su verdadera intención.
Tras esta visita, Eugenio Martínez Reoyo permaneció en el hospital y, según el informe, se «auto-presentó como Director Gerente y Director Médico del Hospital Nuevo Inseso de Bata ante los empleados». A partir de entonces, comenzó a incorporar a otros compañeros con responsabilidades directivas, incluyendo a Olga Carreras Llopart como Directora de Enfermería y Roger Díaz Lleixá como Director Financiero. Sin el consentimiento oficial de la directiva, estos individuos empezaron a diseñar y repartir nuevos impresos y fichas de recogida de datos asistenciales y de personal. El informe califica estos ficheros de «incongruentes e incompletos», señalando que no coinciden con las variables habituales del INSESO y que se desconoce cómo se procesarán y a dónde se remitirán.
Ante el «confusionismo creado en la Dirección y Gestión del hospital», el Director Gerente, junto a otros directivos, solicitó una audiencia con la Delegada Regional. En una reunión convocada el 26 de agosto de 2025, la Delegada Regional del INSESO comprobó que las actuaciones de Grupo Arpa Médica eran «incoherentes e improcedentes administrativamente» y constituían una «falta de respeto y salto de Autoridad» por actuar en su jurisdicción sin consentimiento oficial y sin respetar a la Directiva en ejercicio.
El representante de Arpa Médica, Eugenio Martínez Reoyo, aceptó y reconoció supuestamente su error, pidiendo disculpas y asegurando que Grupo Arpa Médica “tiene un convenio y un organigrama funcional aprobado por la Delegación Nacional en Malabo” que no ha sido compartido con la directiva ecuatoguineana.
La Delegada Regional del INSESO, sin embargo, intentó sin éxito requerir al personal expatriado de Grupo Arpa Médica a «parar sus actuaciones y actividades» hasta que el Delegado Nacional del INSESO, Moisés Angue Nso Nchama —quien junto con el Primer Ministro del Gobierno negociaron discretamente el supuesto convenio con el Grupo Arpa Médica lugarteniente del Primer Ministro— viniera a aclarar la situación, ya que “nadie les había presentado oficialmente ante su Autoridad”.
Este informe revela una grave crisis administrativa y política en el corazón del sistema de seguridad social y sanitario de Guinea Ecuatorial, sugiriendo un intento orquestado de transferir la gestión de un hospital público a una firma española en un proceso viciado de opacidad y desacato a la jerarquía regional. Los acuerdos y contratos del “Nuevo INSESO” se han negociado y firmado de espaldas a todos los actores institucionales. Una gestión cocinada en la sombra, a espaldas de la legalidad y del interés general.
Cleodora Health Consulting SL: la pieza española en la trama de la privatización del INSESO
Entre los documentos entregados a Diario Rombe, que forman parte de los acuerdos secretos negociados clandestinamente entre el Grupo Arpa Médica y el Presidente del Consejo de Administración del INSESO, destaca una misteriosa empresa española: Cleodora Health Consulting SL. Constituida en Madrid el 15 de enero de 2020, con un capital social de apenas 3.000 euros y domicilio en C/ Darro 15-17, 28002 Madrid, declara como objeto social la consultoría y gestión sanitaria, y la compraventa de equipos y productos médicos.
Desde su creación, Cleodora Health Consulting SL ha sido más una sombra empresarial que una consultora sanitaria real. La compañía, cuyo administrador único es el doctor Ignacio Palomo Álvarez, no ha sido transparente en su rendición de cuentas. Desde su fundación en 2020, solo ha presentado estados financieros correspondientes a 2021, y a fecha de 2025 no ha depositado balances posteriores en el Registro Mercantil, lo que refuerza las dudas sobre su actividad real y el origen de sus ingresos.
Su nombre aparece recurrentemente en una red de sanidad privada, favores políticos y negocios con regímenes corruptos. Según reveló La Sexta, Cleodora Health Consulting SL participó directamente en el entramado del caso Koldo. En agosto de 2020, apenas unos meses después de su constitución, la empresa obtuvo un contrato con ADIF para el suministro de gel antiséptico, valorado en 14.999,8 euros. Aunque la adjudicación se formalizó en agosto, el contrato figura fechado el 7 de abril de 2020, en plena emergencia sanitaria, y lleva la firma de la entonces presidenta Isabel Pardo de Vera.
En ese mismo periodo, el doctor Palomo —propietario de Cleodora— era el ginecólogo de la mujer de Koldo García, epicentro de la trama. La dimensión internacional de Cleodora añade nuevas sombras. Según datos obtenidos por GQLeaks, en 2021 el Ministerio de Sanidad de Guinea Ecuatorial adjudicó de manera opaca dos contratos millonarios a Cleodora Health Consulting: Uno por 8.134.400 FCFA para la adquisición de 3.100 test PCR y otro por 4.198.400 FCFA para la compra de 1.600 test rápidos PCR.
Estas adjudicaciones, coincidentes con los movimientos en España durante la pandemia, muestran cómo Cleodora operaba en dos frentes simultáneos: obteniendo contratos menores en España vinculados al caso Koldo, y firmando contratos millonarios en Guinea Ecuatorial, un país gobernado por una dictadura con la que el doctor Palomo mantiene estrechos lazos.
La empresa vuelve a aparecer en los negocios opacos de Guinea Ecuatorial, esta vez como eje de las operaciones entre Ignacio Palomo Álvarez y el Presidente del Consejo de Administración del INSESO, Manuel Osa Nsue. Según los documentos obtenidos por Diario Rombe, Cleodora fue utilizada por el ginecólogo español para contratar personal expatriado que se instaló ilegalmente en el hospital con salarios desorbitados, costeados por las arcas del INSESO.
Uno de esos contratos, fechado el 19 de agosto de 2025, corresponde a Roger Díaz Lleixá, designado como Director Económico y de Gestión del hospital. Aunque el objeto social declarado de Cleodora es la consultoría y gestión sanitaria, en los contratos laborales de su personal expatriado la empresa se define como dedicada a “actividades de enfermería y enfermería obstétrica”. Sin embargo, los puestos contratados eran cargos directivos, una incongruencia que refuerza la hipótesis de usurpación de funciones administrativas dentro del Hospital Nuevo INSESO.
El contrato con Díaz Lleixá precede por pocos días a la reunión del 26 de agosto de 2025, donde la Delegada Regional del INSESO denunció las actuaciones del equipo de Palomo como “incoherentes, improcedentes y un salto de autoridad”. Este documento se ha convertido en una de las pruebas más contundentes de la estructura utilizada por el doctor Palomo para tomar el control del hospital público, bajo una aparente cobertura técnica.
El despliegue de personal extranjero, con salarios y beneficios muy superiores a los estándares locales, contratado por una empresa española que opera a la sombra de un presunto convenio con el INSESO, evidencia una privatización de facto. Según el propio informe del Director Gerente, los gastos derivados de esta maniobra recaen directamente sobre el presupuesto del instituto, es decir, sobre la seguridad social del pueblo ecuatoguineano.
Las cláusulas económicas de los contratos establecen retribuciones de hasta 60.000 euros anuales, además de múltiples beneficios adicionales: traslados completos a España, un viaje anual de vacaciones, seguro médico con repatriación y alquiler de vivienda. En resumen, Cleodora Health Consulting SL se perfila como una empresa instrumental que sirvió de puente entre el poder político español y la élite dictatorial guineana, mezclando negocios sanitarios, favores políticos y fondos públicos.
