La Ley de Bienestar Animal de 2023 es un auténtico desafío para los ayuntamientos canarios, obligados a gestionar las colonias felinas. Entre otras cuestiones, los municipios deben censar, esterilizar e identificar con un microchip a los animales asilvestrados, además de dotarse de un servicio de asistencia veterinaria 24 horas.
Para cumplir la normativa, las administraciones locales del archipiélago cuentan con un nuevo aliado desde hace algo más de un año: la empresa pública Gesplan, que se ha dotado de una Dirección de Bienestar Animal, que prestará asesoramiento y ayuda técnica para aplicar la ley.
Esta tarea es aún más delicada en Canarias por la irreconciliable presencia de gatos asilvestrados en los espacios protegidos, que, tras ser castrados, deberán ser devueltos a otros entornos. «En los espacios naturales no puede haber gatos asilvestrados, ni castrados ni no castrados; están prohibidos. Un gato asilvestrado es un animal que genera problemas en la biodiversidad. Por lo tanto, es vital, en este caso, el control de los felinos en sitios acotados y teniendo en cuenta que las colonias no pueden estar cerca de entornos o espacios naturales», declaró el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez, en la presentación del departamento.
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Reto
Solo en Gran Canaria hay censados 10.000 gatos sin dueño por esterilizar, identificar y devolver a sus colonias -
Objetivo
La finalidad es reducir los grupos de animales que viven sin protección en la calle y promover su adopción -
Sin sacrificio
Antes de la aplicación de la nueva ley, cuando se capturaba a un gato en un espacio protegido, era sacrificado. Ahora está prohibido
Pérez subrayó que la falta de control sobre estos felinos asilvestrados produce «un daño irreparable» a la biodiversidad autóctona, por lo que el reto es conjugar el bienestar animal con la protección de las especies autóctonas y amenazadas.
Voluntariado y protectoras, imprescindibles
Hasta ahora, los ayuntamientos han contado con la ayuda del voluntariado de las protectoras para realizar esta tarea. Con la incorporación del equipo de Gesplan, compuesto por unas 60 personas y dirigido por el veterinario Alejandro Suárez, se busca profesionalizar este trabajo, que tiene como objetivo garantizar la protección de los animales sin dueño, que pasarán a ser de titularidad municipal.
«Generar confianza en la ciudadanía, dándoles a conocer cómo se controla una colonia felina; fomentar la adopción; concienciar a la población para que no compren mascotas, sino que adopten animales, es importante, y este trabajo se hará con veterinarios profesionales», indicó Pérez.
En este sentido, el consejero canario de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y presidente del Consejo de Administración de Gesplan, Manuel Miranda, precisó que la empresa pública «prestará sus medios y su personal para que la Ley de Bienestar Animal se desarrolle correctamente y que los ayuntamientos puedan hacerlo de la mejor forma posible».
Por su lado, el director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, José Ramón Becerra, dijo que la aplicación de la Ley de Bienestar Animal se tiene que realizar de forma compartida entre todas las administraciones implicadas y la sociedad civil, que «históricamente, a través de las protectoras o de forma individual, ha trabajado por ese bienestar cuando no lo hacían las instituciones».
Cada día se condena a dos personas por maltrato animal
José Ramón Becerra señaló que la ley se ha actualizado para dar respuesta a la demanda de la población española en materia de bienestar animal. En este sentido, dijo que la ley está pendiente de su desarrollo normativo y que se prevé que esta regulación esté lista antes del fin de la legislatura.
Becerra señaló que esta sensibilidad se ha logrado trasladar al ámbito judicial y que, actualmente, entre una y dos personas son condenadas al día por maltrato animal en España.
