El juez Juan Carlos Peinado no solo rechaza archivar la investigación sobre la asistente de Moncloa Cristina Álvarez que supuestamente trabajó en potenciar la carrera … profesional de la mujer de Pedro Sánchez sino que ha imputado en el ‘caso Begoña Gómez’ por malversación de caudales públicos a la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González, superiora jerárquica desde marzo de 2023 de Álvarez, parte del período en el que supuestamente esta trabajadora pública se dedicó a la gestión del día a día de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Peinado, tras recibir el aval el pasado octubre de la Audiencia Provincial de Madrid para seguir investigando la supuesta malversación en el empleo de Álvarez, ha convocado a una vistilla el 12 de noviembre a Alexandra González, para informarle de que inicia contra ella una imputación por el procedimiento del tribunal de jurado, la misma vía que para los otros cuatro encausados. González, que pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2006 y que también fue directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, es uno de los personajes claves en la organización de la vida diaria de Sánchez y su esposa. No obstante, Peinado no revela el motivo exacto de la imputación de esta alto cargo, más allá de precisar que dado su puesto de superior jerárquico de Álvarez, por garantías jurídicas, debe declarar como investigada.
Además, en su última resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha rechazado, tal y como le pedían las defensas, el archivo de la causa , manteniendo la imputación de la propia Gómez, de Álvarez, del delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y del empresario Juan Carlos Barrabés.
El instructor, igualmente, ha acordado una nueva batería de testigos entre el 12 y el 28 de noviembre, entre ellos, el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, que entregó decenas de correos que, según el juez, probarían que Cristina Álvarez, más allá de una ayuda puntual a su amiga Gómez, llevaba todo tipo de gestiones de la cátedra, desde la organización de los grandes eventos a la coordinación con los patronos del proyecto académico de la esposa del presidente del Gobierno. Gómez, por tanto, seguirá encausada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, mientras que Álvarez solo por malversación y tráfico de influencias.
Agendas y pasaportes
Así mismo, el juez madrileño ha accedido a realizar varias de las diligencias solicitadas por las acusaciones, entre ellas la de requerir a la Presidencia del Gobierno para que remita las agendas de la mujer de Sánchez y su asesora y que éstas sean analizadas posteriormente por la Unidad Central Operativa (UCO) para determinar en que actividades de la cátedra participó Álvarez, quien actualmente sigue ocupando el puesto de directora de Programas de Presidencia.
También solicita Peinado que las dos investigadas aporten sus pasaportes con el fin de precisar “fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas”.
