La aprobación parcial que recibió este jueves la reforma fiscal del Gobierno en el Congreso confirma la puesta en marcha de varios cambios de calado, pero también deja en el aire otras incógnitas que irán cogiendo forma a medida que avancen las nuevas negociaciones. Las principales son qué sucederá con la extensión del impuesto a las grandes energéticas y con la posible equiparación tributaria del diésel a la gasolina. La primera es un compromiso al que llegó in extremis el Ejecutivo con sus socios habituales para salvar el paquete fiscal, mientras que la segunda le cayó por sorpresa al Ministerio de Hacienda pocos minutos antes de la votación, cuando Podemos rechazó para sorpresa de todos la equiparación. La formación morada, que previamente había anticipado su apoyo, argumentó su postura porque la enmienda se votaba junto a otras que eran “negativas”. Sin embargo, añadió, estaría dispuesta a secundarla más adelante si se incluye en la norma que el Gobierno presentará para extender el impuesto energético.
Para entender la letra pequeña de esta maniobra hay que echar la vista atrás. La prórroga del gravamen a las grandes eléctricas, gasistas y petroleras ha sido el gran caballo de batalla de esta negociación, que se ha prolongado durante varias semanas y ha estado a punto de descarrilar y de poner en un brete al Gobierno más de una vez. En un primer momento, el PSOE pactó con Junts y con el PNV la eliminación de la tasa a cambio de mantener la que afecta a la banca y de echar a rodar otras iniciativas tributarias. Sin embargo, los socios de la izquierda (ERC, EH Bildu, BNG y Podemos) la convirtieron en línea roja y amenazaron con tumbar todo el plan si no se prolongaba. El riesgo cobró fuerza en la Comisión de Hacienda celebrada el lunes, cuando se rozó la tragedia. En un ejercicio de malabarismo que se dilató hasta el jueves antes de la votación, el PSOE logró que Podemos, el último socio a convencer, diese su visto bueno al conjunto del plan a cambio de un compromiso para la extensión del tributo.
Así, en los próximos días el PSOE constituirá una comisión negociadora con los socios habituales para intentar dar forma a una proposición de ley antes del 31 de diciembre —cuando decae el gravamen vigente— que contenga la prórroga de la tasa sectorial y que incluya jugosas deducciones a las inversiones verdes, que podrían llegar a ser del 90%, según trasladan fuentes conocedoras. En esa norma, Hacienda estudiará si recupera la subida fiscal al diésel, una medida que justifica por temas medioambientales y con la que se recaudarían más de 1.000 millones de euros al año. Esta iniciativa, pactada en un primer momento entre el PSOE, Junts y el PNV, sería apoyada por los socios de la izquierda si se confirma el impuesto a las energéticas y, así, la carga de la descarbonización se reparte entre empresas y hogares.
La medida, tal y como estaba planteada, suponía equiparar el trato fiscal del gasóleo a la gasolina, lo que en la práctica implica encarecer en unos 11 céntimos cada litro repostado —unos seis euros más por depósito, de media—. Según previsiones de la Autoridad Fiscal hace unos años, la recaudación rondaría los 2.000 millones de euros. Sin embargo, en la propuesta del Gobierno quedaba fuera el diésel profesional, lo que, sumado a la pérdida de peso de estos vehículos en el parque automovilístico, dejaría los ingresos ahora en los 1.000 millones.
En el ministerio que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, confirman que estudiarán esta posibilidad durante los próximos días. Hay cierto margen de calendario, ya que el impuesto energético actualmente vigente está operativo hasta el 31 de diciembre y el compromiso con los socios es llegar a un consenso antes de entonces. Si el acuerdo no se lograra, el Gobierno aprobaría previsiblemente un real decreto ley con la prórroga para el año 2025.
Una vez recibida la luz verde del Parlamento, en Hacienda celebraron sin disimulo un apoyo de los socios que hace unos días parecía imposible. No en vano, y a la espera de lo que suceda con el gravamen energético y con el diésel, en el Gobierno se aseguran varios miles de millones en recaudación y en recursos que no se perderán gracias a ajustes técnicos que fueron validados en el Congreso.
El gravamen bancario, que será progresivo y tendrá un tipo máximo del 7% a partir de los 5.000 millones de ingresos, dejará una recaudación de más de 1.500 millones. La subida fiscal al tabaco dejará otros 500 millones. A ello se le suman, entre otras novedades, 6.000 millones que no se perderán gracias a los ajustes técnicos que corrigen la reforma en sociedades del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y otros 2.600 millones en nuevos ingresos gracias al tipo mínimo del 15% a las multinacionales. Además de ello, aseguran desde Hacienda, el paquete “cumple con el plan fiscal enviado a la Comisión Europea y con la reforma fiscal comprometida en el Plan de Recuperación, que permitirá recibir 7.200 millones de euros de fondos europeos”.
