
La Justicia imputó al sexto detenido por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y dispuso prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal Angelita Romano.
Este hombre, con varios antecedentes penales, fue imputado por dos delitos de receptación agravada; las autoridades están buscando a un séptimo, que ya está identificado.
El último de los formalizados cayó en un operativo de control de rutina de la Guardia Republicana, cuando se trasladaba por Malvín en un auto denunciado como robado.
La Policía inició una persecución en la que el infractor intentó deshacerse de celulares que luego fueron recapturados por las autoridades.
Las pericias a estos celulares, y a otros que ya se han incautado, tratan de verificar si existe un nexo con el narcotraficante Luis Fernández Albín, de la banda de Los Albín.
El atentado a la casa de la fiscal se investiga como una amenaza narco, teniendo en cuenta el rol de Ferrero en el combate a grupos del crimen organizado.
En particular se indaga si el atentado es en represalia a la incautación de más de dos toneladas de cocaína en una chacra de Punta Espinillo en agosto. Se estima que la droga, que iba a ser exportada al exterior, pertenecía al grupo Los Albín, vinculado, a su vez, con Sebastián Marset.
El ataque ocurrió el 29 de setiembre en la casa de Ferrero y su familia en el barrio Jacinto Vera. Delincuentes ingresaron al patio de su casa, dispararon contra las paredes y detonaron una granada. No hubo personas heridas.
“Estuve a 15 centímetros de que me mataran”, dijo Ferrero este jueves durante su comparecencia en el Parlamento.
Por este caso ya había cinco personas imputadas. El primero fue un hombre detenido el mismo día del crimen por brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa, que fue formalizado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.
Luego imputaron a dos involucrados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se lo imputó como coautor de un delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.
Finalmente, el 8 de octubre fueron imputados dos hombres, padre e hijo. Uno de ellos por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago y el otro por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada. Todos están en prisión preventiva.