La Cámara de Representantes aprobó este martes la moción de interpelación contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, centrada en la polémica por la continuidad de Álvaro Danza como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La votación, con 47 votos a favor, reuniendo a toda la oposición (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana). La interpelación se espera para mediados de noviembre, mientras en el Frente Amplio se espera un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), sobre si Danza puede ejerccer su cargo en ASSE y a la vez en instituciones privadas.
La aprobación de la interpelación marca un punto de inflexión en la discución ya que no descartan desde la oposición impulsar una moción de censura a la ministra. El ahora denominado «caso Danza», estalló hace semanas cuando se reveló que el médico, con un vasto currículum académico que incluye un doctorado en ciencias de la salud y especializaciones en farmacología y medicina interna, continúa ejerciendo como tratante en tres mutualistas privadas. Estas entidades mantienen contratos con ASSE, lo que genera cuestionamientos éticos y legales por posible incompatibilidad con el artículo 200 de la Constitución uruguaya, que prohíbe a funcionarios públicos intereses privados incompatibles con su cargo.
El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, designado como interpelante, dijo que «es indefendible que un presidente de ASSE trabaje ‘part-time’ en entidades con las que compite el Estado, atendiendo a 1,5 millones de usuarios».
En su fudamentación de voto dijo «no hay un solo informe que justifique la situación del doctor Danza considerando completamente su estado y su vínculo laboral», puesto que se señala que Danza le ocultó al estudio Delpiazzo, algunos de sus ingresos. El estudio es dirigido por el constitucionalista Carlos Delpiazzo y Sotelo dijo que Danza «además de médico consultante era médico tratante». Para Sotelo todo «se parece mucho al delito de falsificación ideológica».
Senadores como Martín Lema (Partido Nacional) y Felipe Schipani (Partido Colorado) respaldaron la moción, exigiendo la renuncia inmediata de Danza y advirtiendo que, de no mediar cambios, escalarán a mociones de censura. «Aceptar esto es condicionar la salud pública a intereses privados», sentenció Lema, recordando que de los 640 mil pesos mensuales que percibe Danza, solo 130 mil provienen de ASSE, y gran parte del resto es por sus roles en el sector privado.
El FA cierra filas
Horas antes de la votación del llamado a sala, la bancada de diputados del Frente Amplio se reunió con Lustemberg y Danza. El presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir (FA), salió al cruce de las críticas enfatizando el respaldo a la «gestión» de Danza en ASSE, que incluye avances en el acceso a medicamentos y la reducción de listas de espera. «El respaldo es sobre todo a lo que viene haciendo en ASSE», aclaró Valdomir. «No metimos ese tema en la reunión; el esencial es la interpelación», agregó, relativizando el reciente informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República (Udelar), que declara «incompatible» la acumulación de cargos.
«Ese informe a la cátedra se solicitó por unanimidad de los miembros de la Comisión de Salud» dijo el legislador, para quien se trata de «otro informe más, de la misma manera que hay varios en la vuelta, son todos muy válidos, tendrán sus argumentos»
Valdomir insistió en que «en todo lo jurídico hay varias bibliotecas» y que el gobierno aguardará el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), esperado para esta semana. «Estamos con tranquilidad de que se verán argumentos jurídicos y políticos para defender la gestión», afirmó, alineándose con la posición de Lustemberg, quien ratificó a Danza la semana pasada basándose en un análisis del constitucionalista Carlos Delpiazzo y el área jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP), que concluyen en la ausencia de incompatibilidades. Fuentes gubernamentales, sin embargo, evalúan que Danza deje su actividad privada para descomprimir la crisis, en caso de que Jutep resuelva en contra.