Dos juzgados de Trabajo impusieron dos multas de Q4 mil a cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, dirigentes seccionales y subseccionales del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) por no atender las órdenes de reanudar las clases en el sector público. Luego de tres meses, el pago aún no se concreta.
La primera sanción fue impuesta a los sindicalistas por declararse en asamblea permanente, lo que llevó a la suspensión de clases en escuelas del sector público, afectando a miles de niños, pese a que un juzgado otorgó un amparo provisional a la Procuraduría General de la Nación (PGN), en representación del Ministerio de Educación (Mineduc), el cual instaba a los maestros a deponer las medidas.
El 16 de junio, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala solicitó al STEG demostrar que había enviado a las escuelas los oficios para cesar con la convocatoria a las asambleas. Se advirtió que, de no hacerlo, se avisaría al Ministerio Público (MP) para que comenzara una investigación por desobedecer una orden judicial. Además, se les impuso una multa de Q4 mil a los dirigentes sindicales, que deben pagar a la Corte de Constitucionalidad (CC).
Durante una citación en el Congreso, Lucrecia Pineda, jefa de la Abogacía Constitucional de la PGN, explicó que el sindicato presentó un informe. No obstante, ese informe no probó que se hubiera dejado de convocar a la asamblea, por lo que el tribunal constitucional aplicó la advertencia previa y se confirmó la multa.
Sin embargo, el Comité Ejecutivo del STEG interpuso un ocurso en queja ante la CC, el cual está pendiente de resolución, lo que mantiene en suspenso el pago de la multa.
“Es posible que este ocurso en queja sea declarado sin lugar, porque quien lo presenta comparece en el proceso en representación legal del sindicato, acreditando como respaldo un acta administrativa, y en sus argumentos indica que nunca fue notificado de forma personal”, explicó Pineda.
Segunda multa
El 13 de junio, la PGN presentó un amparo por la suspensión indebida de clases en centros educativos del sector público por parte de maestros afiliados al STEG, lo que afectaba el derecho a la educación de los estudiantes. Para esa fecha, el Mineduc señalaba que más de 5 mil escuelas permanecían cerradas, afectando a más de 300 mil estudiantes.
En el recurso se argumentaba que el paro magisterial impedía el cumplimiento del calendario escolar, que establece 180 días efectivos de clases.
El 18 de junio, el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala decretó el amparo provisional y ordenó a los sindicalistas cesar la suspensión indebida de clases en los centros educativos públicos.
El amparo fue confirmado nueve días después, y el juzgado indicó que, de no cumplirse lo establecido, se notificaría al MP por desobediencia. Antes de ello, se otorgó un plazo de 48 horas para que el STEG presentara documentación que comprobara que había acatado la orden judicial. De no cumplir, se impondría una multa de Q4 mil.
Por incumplir con lo solicitado, se certificó lo conducente y se impuso la multa al Comité Ejecutivo Nacional, así como a los dirigentes seccionales y subseccionales, que debía hacerse efectiva en la Tesorería de la CC.
Sin embargo, el 9 de octubre, la PGN fue notificada de una resolución del juzgado en la que solicita a la CC reconducir el proceso por un error substancial, ya que el sindicato sí presentó el informe circunstanciado requerido, por lo que no correspondía el apercibimiento ni la multa.
Se espera una resolución definitiva que establezca si procede o no el pago de esta segunda sanción, relacionada con la suspensión de clases en las escuelas públicas.
Aún está pendiente conocer el destino de la primera multa de Q4 mil, impuesta por la convocatoria a la asamblea permanente. Según Pineda, este tipo de asambleas no está regulado por disposición legal alguna, y el pacto colectivo del magisterio únicamente contempla las ordinarias y extraordinarias.
Indicó que la Ley de Amparo establece que las multas impuestas en estos procesos pertenecen exclusivamente a la CC, y que ni la PGN ni los juzgados pueden cobrarlas. La Corte tiene su propio procedimiento para que los sancionados paguen voluntariamente.
Consultada la CC, se indicó que la Unidad de Multas aún no ha recibido notificación alguna sobre el pago.
50 días sin clases
El 19 de mayo pasado, maestros afiliados al STEG suspendieron el ciclo escolar al declararse en asamblea permanente, una medida de presión para que el Mineduc firmara el pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio, que se negocia desde febrero de 2024.
La huelga mantuvo a más de 340 mil estudiantes fuera de las aulas durante 50 días efectivos de clases, lo que motivó la imposición de las dos multas por restringir el derecho a la educación. Además, las autoridades del Mineduc comenzaron a levantar actas a los maestros ausentes.
Durante ese tiempo, los sindicalistas instalaron un campamento en la Plaza de la Constitución, con presencia de maestros, principalmente de Huehuetenango, Izabal y El Progreso. También bloquearon carreteras y realizaron marchas que interrumpieron el tránsito vehicular en diversos puntos del país.
El 5 de agosto, el STEG depuso las medidas y anunció que los maestros volverían a las aulas. El Mineduc ha informado que más de 2 mil docentes han sido sancionados y existen más de cien procesos de destitución en curso.
