Luego de 11 años de haberse creado (en 2013), la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las zonas de empleo y desarrollo económico (zede) y su ley orgánica.
Por unanimidad, el pleno de magistrados de la Corte resolvió la inconstitucionalidad del decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Carta Magna, así como el decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las zede.
El fallo del pleno de magistrados, que tuvo participación de seis magistrados suplentes, es con efecto nulatorio de origen por vulnerar artículos pétreos.
La vulneración a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución va relacionado con la organización del territorio hondureño, el sistema de justicia y con el régimen económico, estipula el fallo en una de sus partes.
Mientras la inconstitucionalidad se dictó de manera unánime, por mayoría de 8-7 se declaró el alcance del fallo, determinando el efecto nulatorio desde el origen de las zede, se confirmó con uno de los magistrados propietarios que estuvo en la sesión.
El magistrado también dijo a este rotativo que deberán hacerse arreglos al fallo producto de la discusión, luego de eso se publicará el documento.
Tras la decisión del pleno, la presidenta de la Corte, Rebeca Ráquel Obando, dijo que “celebramos un avance importante en la defensa de nuestro Estado de derecho y la soberanía nacional con la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico”.
La titular del Poder Judicial agregó que “las zede, en su implementación, suscitaron preocupación sobre la capacidad del Estado para ejercer plenamente su autoridad en determinadas zonas del país, así como sobre el equilibrio entre la promoción de la inversión y el bienestar de nuestra gente”.
Con relación a la inconstitucionalidad, acotó que “la derogación de este marco nos brinda una oportunidad para replantear estrategias de desarrollo que beneficien de manera equitativa a la población”.
De su lado, la presidenta de la nación, Xiomara Castro, aplaudió la decisión de los magistrados al sostener que las zede vulneraban la soberanía de Honduras.
“Celebramos y reconocemos la patriótica, histórica, justa y legal decisión de la Corte Suprema de Justicia, que por mayoría de votos declaró inconstitucional el decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las zede por vulnerar artículos de nuestra soberanía”.
Castro añadió que “la justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía”.
La decisión de la Corte en pleno se dio luego de que la Sala Constitucional votara -por mayoría- a favor de un recurso de inconstitucionalidad contra las zede, interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), recurso presentado el 21 de julio de 2021 por la “alma mater”.
El 9 de agosto del presente año, la Sala Constitucional falló a favor, pero al no ser de manera unánime tuvo que pasar al pleno de la Corte.
Valoraciones
El otro tema que también se abordó ayer, pero suspendiendo la discusión y resolución para el martes 24 de septiembre desde las 8:30 am, es sobre el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía Política, también conocido como pacto de impunidad 2.0, que otorgó cartas de libertad a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
Sobre este asunto, el diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix, manifestó que “las zede son inconstitucionales sin duda alguna.
Ahora, el efecto ex tunc, que significa que son nulas desde su origen y que la sentencia tiene efecto retroactivo, abre la posibilidad a que más adelante se declare el pacto de impunidad como inconstitucional, también con efectos ex tunc, por lo que, a los que votaron por el pacto de impunidad, les podría caer la justicia tarde o temprano”.
Desde una de las zede, Próspera en Roatán, lamentaron la determinación de la Corte y afirmaron que la sentencia no puede ser retroactiva.
“La Corte Suprema de Justicia no puede dar efecto retroactivo a las sentencias de inconstitucionalidad. La Constitución en su artículo 316 y Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 94 protegen los derechos adquiridos de nuestros residentes, trabajadores e inversionistas a la estabilidad legal de las zede”, aseguró Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera.
A su vez, concluyó fustigando que “por primera vez en la historia de Honduras, la Corte Suprema da efecto retroactivo a una inconstitucionalidad, pretendiendo confiscar las inversiones y empleos de más de 3,000 personas y 200 empresas. Esta sentencia es un acto nulo jurídicamente, propio de dictaduras socialistas”.