Según el Observatorio de Equidad de Género, en lo que va de año en el país se han registrado 80 feminicidios, incluyendo 20 feminicidios íntimos, dio a conocer Taller Salud, en ocasión de conmemorarse este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
“La violencia de género sigue siendo una de las problemáticas más graves que enfrentamos como sociedad. Estos asesinatos no solo reflejan un serio problema de seguridad para las mujeres, sino que evidencian la urgente necesidad de desmantelar las estructuras que perpetúan esta violencia y proveer soluciones inmediatas y efectivas para las sobrevivientes”, señaló Taller Salud en declaraciones en comunicado de prensa, organización feminista con una trayectoria que data desde el 1979.
Ángela Cruz Félix, psicóloga clínica y directora de la iniciativa Mujeres y Salud de TS, demandó el que era hora de que el gobierno le dé a las sobrevivientes el apoyo, la seguridad y la justicia que necesitan con acciones concretas. “El Estado debe garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias, asignando recursos para albergues de emergencia y para organizaciones como la nuestra que trabajamos con sobrevivientes sin los procesos burocráticos que retrasan el acceso a los servicios. Además, el Estado debe asignar recursos a las agencias y tribunales del país para garantizar que cualquier mujer en una situación de violencia pueda encontrar los servicios que necesita cuando solicita ayuda».
Al respecto la organización especificó entre las medidas que debe adoptar el gobierno: aumentar la asignación de intercesoras legales en casos civiles y criminales en todos los tribunales del país: reducir los tiempos de espera para las sobrevivientes en las salas judiciales, además de las reposiciones y re-calendarizaciones. Estos retrasos atribuyó Taller Salud muchas veces son estrategias para desgastar la voluntad de la victima para seguir con las denuncias.
Otras medidas son invertir en el acceso a vivienda segura y asequible para las mujeres y sus familias: brindar mayor apoyo y flexibilidad desde las políticas laborales para incluir licencias pagas y planes de reintegración laboral que permitan a las mujeres rehacer sus vidas sin poner en riesgo su estabilidad económica. “Nos referimos a licencias que consideren los procesos de recuperación y asesoramiento legal ya que los procesos de sanación y recuperación para las sobrevivientes no son lineales, y toman tiempo”.
Además del servicio directo a sobrevivientes, desde 2021, Taller Salud coordina la Mesa del Este, un espacio multisectorial que reúne a organizaciones, agencias gubernamentales y la comunidad para atender las múltiples necesidades de las sobrevivientes en los municipios de Carolina, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo y Fajardo.
“El trabajo realizado desde la Mesa del Este ha logrado en primer lugar construir alianzas estratégicas para cambiar las prácticas y procesos que obstaculizan el acceso a servicios y las barreras estructurales para atender la violencia de género priorizando en este momento nuestra área de atención. Además, ha contribuido a reducir la revictimización, ofreciendo una red de apoyo para las mujeres y referidos oportunos en nuestra región. También hemos fortalecido la prevención organizando campañas y esfuerzos educativos para erradicar la violencia de género. Por último, hemos capacitado al personal clave en las diversas agencias, fomentando la atención respetuosa y empática hacia las sobrevivientes.” explicó Tania Rosario Méndez directora ejecutiva de la organización feminista.
Por su parte la Red Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, (NAVG) igual planteó la urgencia de que se brinden más servicios de apoyo a las víctimas de agresión sexual en Puerto Rico. Coraly León directora ejecutiva indicó que con ese propósito, la Red está capacitando en una academia a nuevas intercesoras legales que acompañen en los tribunales a las sobrevivientes de agresión sexual.
“Yo soy sobreviviente de violencia sexual y conozco en carne propia los retos y las dificultades que tienen las y los sobrevivientes a la hora de lograr acceso a la justicia. Por el tabú, por muchas de nuestras creencias culturales, muchas víctimas y sobrevivientes se sienten aisladas, culpables de la experiencia dolorosa que vivieron, que estuvo fuera de su control y se sienten hasta desconectadas de su cuerpo”, expresó León sobre la necesidad de servicios de apoyo de las víctimas de agresión sexual.
Los datos sobre la violencia de género hablan por si solos. De acuerdo a las estadísticas del Negociado de la Policía, para el año 2023 se reportaron 1,278 incidentes de violencia sexual, de los cuales el 79.9% de las sobrevivientes fueron mujeres. Además, el 75.45 de las víctimas son menores de 17 años de edad. El delito de mayor incidencia reportado es actos lascivos (67.9%), seguido de agresión sexual (27.7%). Un 52.3% de los ofensores son familiares y 35.4% son conocidos. Se sabe que la inmensa mayoría de los casos de violencia sexual no se reportan. El Departamento de Salud ha estimado que en Puerto Rico ocurren anualmente unos 66,000 casos de algún tipo de violencia sexual.
“La agresión sexual es una de las violencias más terribles que puede una persona experimentar porque pierde el control y la autonomía frente a la persona agresora, de cómo es percibido su cuerpo. Te hace sentir insegura en tu propia piel. Es bien importante que las víctimas y sobrevivientes de violencia de género en escenarios como los tribunales cuenten con un adiestramiento capacitado y sensible para poder acompañarlas en uno de los procesos más duros que puede pasar alguien, para que no sean revictimizadas en el tribunal y para minimizar los daños emocionales”, comentó León.
Sobre la Academia de Intercesoras Legal la Red recibió una subvención de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). La primera sesión contó con 29 participantes, para casos de violencia doméstica y actualmente están capacitando a 30 nuevas intercesoras en casos de agresión sexual en la segunda sesión que se extiende hasta diciembre.
En la academia en la que participan profesionales de la conducta como trabajadores sociales, psicólogos y consejeros se capacitan tanto a nivel teórico como práctico, con experimentadas intercesoras legales en temas como el marco legal prevaleciente, los protocolos de intervención, las diversas formas de agresión sexual, el impacto psicológico en las víctimas, mitos y realidades de la violencia sexual y las estrategias para acompañar a las sobrevivientes. Como parte del curso se visitan los tribunales, la división de la Policía a cargo de órdenes de protección y se exponen a los y las estudiantes a intervenir en apoyo en casos reales de víctimas en las salas especializadas de violencia de género en los tribunales.
La procuradora interina de la OPM, Madeline Bermúdez Sanabria, indicó que este año es la quinta academia desde 2018, centrada en específico en los casos de agresión sexual, un área crítica e invisibilidad en la lucha contra la violencia de género. Desde 2018 hasta 2023, informó que se han certificado cerca de 70 intercesores. “Nuestra meta es clara: seguir fortaleciendo la Academia de Intercesores Legales, con varias academias proyectadas este año, y seguir apoyando a las víctimas con profesionales capacitados y comprometidos. El acompañamiento en los tribunales es vital para las víctimas de agresión sexual, y gracias a la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, esta academia ofrecerá a los profesionales de la conducta la oportunidad de formarse en este rol crucial”.
