Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:32
«Soy inocente. No he cogido dinero que no sea mío. Todo está demostrado… han sido ocho años de muchísimo sufrimiento». José Hilarión Cabrera, extesorero del Ayuntamiento de La Oliva durante 1991 y 2017, comenzó así su declaración este miércoles como acusado de un presunto delito de malversación de caudales públicos y por el que la Fiscalía solicita ocho años de prisión así como indemnizar al consistorio con la cantidad de 304.410,30 euros. La cifra que dictaminó el Tribunal de Cuentas en una sentencia como el descuadre definitivo en la contabilidad del Ayuntamiento y que responsabiliza únicamente al funcionario.
«Accedí al cargo como tesorero accidental pero no sé nada de contabilidad», señaló el acusado en la tercera y última sesión del juicio tras pedir responder a preguntas de su defensa y del Tribunal de Jurado. Cabrera declaró que cuando hubo un cambio de gobierno se «alegró» de que hubiese un interventor con titulación para comprobar las cuentas. Luego añadió que se cogió la baja «por acoso» y «presiones» que sufrió. Al irse le dijo a Pedro Amador, el nuevo alcalde que entró en enero de 2016, que no le «cuadraban las cuentas».
Preguntado por las llaves de la habitación donde estaba el armario blindado y las cajas fuertes, el encausado aseveró que «siempre» dejaba las llaves en el departamento. «Cuando abrieron con una radial la caja fuerte yo estaba a 200 metros en mi domicilio. Ningún policía vino a buscarme», expuso ante la sala.
También fue cuestionado por su letrado, sobre qué tipo de vida lleva. El antiguo tesorero de La Oliva respondió que lleva una vida de una «persona normal». «Lo típico, la compra, los estudios de mis hijos. Siempre pagaba todo con tarjeta», contó. Además, añadió que debido a todo este procedimiento tiene una hipoteca que «no puede ni pagarla» ya que según declaró le «quitan» parte de la pensión que está cobrando.
Antes de la declaración del acusado declararon dos peritos, el primero fue interesado por todas las partes y el otro únicamente por la defensa. El primero en declarar fue el interventor del Ayuntamiento de La Oliva desde marzo de 2017 hasta el mismo mes de 2018. «Me llamó el alcalde para ir y lo primero que hice fue en realizar un arqueo», señaló este perito. «José Hilarión Cabrera no me facilitó el acta para realizar el arqueo y luego se cogió la baja», añadió sobre sus inicios en el consistorio.
«Emití un informe porque el alcalde quería ir a denunciarlo a la Fiscalía ya que había un desajuste importante. El primer perjuicio lo cifré en 800.000 euros», explicó ante la sala el interventor. «Se daba algo excepcional en este municipio, los volúmenes de ingreso eran altísimos en urbanismo y deportes. Había errores de contabilidad graves», sentenció el funcionario.
Por su parte, la segunda perita en declarar fue una funcionaria encargada de realizar un informe de las cuentas del Ayuntamiento de La Oliva. «Si hubo problemas en el pasado esos se arrastran», sostuvo. También afirmó que había grandes desajustes contables: «No daban la importancia a la contabilidad que deberían haberle dado.
Conclusiones finales
LaFiscalía, que representa en este procedimiento Carlos Fernández Seijo, elevó sus conclusiones a definitivas. Por lo tanto interesa una petición de condena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta durante 20 años para José Hilarión Cabrera por un presuntos delito de malversación de fondos públicos. También solicita el pago de 304.410,30 euros al Ayuntamiento de La Oliva en concepto de indemnización.
Esta parte expuso en su informe final que se trata de un «caso de corrupción» y que tienen indicios para así confirmarlo. El fiscal ha señalado que el acusado «no ha dado ninguna explicación que justifique el desvío de ese dinero», así como que era una persona válida para ese cargo ya que llevaba 26 años trabajando ahí.
«La mayor prueba pericial es la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en 2022 y que señala al acusado como principal responsable de ese desajuste», manifestó en su informe final. «El plan del acusado ahí se desbarata completamente cuando entra Pedro Amador como alcalde. Desgraciadamente estos casos ocurren», concluyó el fiscal.
La acusación particular que ejerce el Ayuntamiento por medio de la letrada Sonia Álvarez también elevó sus conclusiones a definitivas pidiendo una sentencia condenatoria de ocho años al extesorero y se mantuvo en la misma línea que la Fiscalía. «Se le pidió el arqueo y huyó. Se llevó la llave. ¿Por qué no la entregó?», cuestionó la letrada.
La defensa añadió en sus conclusiones la atenuante de la responsabilidad de alineaciones indebidas ya que considera que el procedimiento lleva abierto ocho años así como la subsidiaria de rebajar la pena en cuatro años por la atenuante de la reparación del daño. Ignacio Calatayud, el letrado del extesorero, expuso que no ha quedado «nada acreditado» por lo que pide la absolución. «Por un desfase no puede ir a prisión. Hubo errores contables», remarcó el abogado.
Este jueves se le entregará el objeto al jurado popular que tendrá que deliberar y declarar culpable o no a José Hilarión Cabrera.
