Matteo Salvini, líder ultraderechista de la Liga, actual ministro de Transportes y vicepresidente del Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha sido absuelto esta tarde del viernes en el juicio abierto contra él hace tres años en Palermo por su actuación en agosto de 2019, cuando era ministro de Interior, con el barco de rescate español Open Arms. Durante 19 días, impidió el desembarco de una nave con 147 migrantes a bordo, fondeados ante la isla de Lampedusa. Al final, en una situación crítica a bordo ―dos baños, todos durmiendo en el suelo, 13 personas se arrojaron al agua y 27 menores fueron evacuados―, intervino el fiscal de Agrigento, que ordenó que bajaran a tierra y abrió una investigación. Siguió un juicio, con 27 acusaciones civiles, en el que ha sido acusado de secuestro de personas y omisión de actos oficiales, que ha durado tres años y que, por el momento, a la espera de un posible recurso, ha llegado a su fin.
La Fiscalía pedía seis años de cárcel y la defensa, la absolución, tesis que ha sido acogida en pleno por el tribunal, reunido desde esta mañana. Supone un revés para las ONG de rescate que trabajan en el Mediterráneo, porque el proceso se había convertido en el simbólico duelo final de un largo enfrentamiento entre varios Gobiernos italianos de extrema derecha y estas organizaciones. Comenzó con este caso, cuando Salvini comenzó a aplicar su política de cierre de puertos a las ONG. “Estoy feliz, ha vencido el sentido común, la ley, Italia, ha vencido el concepto que defender las fronteras, la patria, luchar contra los traficantes de personas, contra ONG extranjeras, proteger nuestros niños, no es un delito, es un derecho”, ha proclamado exultante Salvini. “Luchar contra la inmigración de masa, la invasión, organizada y financiada, no es un delito, sino un derecho. Esta sentencia no absuelve solo a Salvini, absuelve una idea de país: entrar en Italia prevé reglas, límites, controles, y quien usa los inmigrantes para hacer batalla política ha perdido, vuelve a España con las manos en los bolsillos”.
En la justicia italiana solo se anuncia la pena, y el texto con las motivaciones se publica luego, en las semanas siguientes, así que no hay manera de saber todavía cómo ha argumentado el tribunal su decisión. Para eso habrá que esperar. La sentencia puede ser recurrida y en Italia no son firmes hasta la tercera y última instancia, equivalente al Supremo, un procedimiento que puede llevar años y en el que, mientras tanto, la práctica política a la hora de asumir y exigir responsabilidades suele ser esperar hasta el final, pues no son raros los giros de guion.
Òscar Camps, el fundador de Open Arms, ha dicho solamente al salir del tribunal que estudiarán la sentencia cuando se publique y decidirán si recurren la decisión. “Seguiremos trabajando en el mar, como siempre, no cambia nada”, ha concluido. En X, la organización ha declarado: “La tristeza es por las personas que fueron privadas de su libertad. Esperamos las motivaciones de los jueces para evaluar si apelaremos la sentencia, como esperamos que también lo haga la Fiscalía”.
El proceso es el último episodio de un conflicto que viene de lejos y sigue en pie, entre los tribunales y sucesivos Gobiernos que establecen medidas severas contra la inmigración. En 2019, cuando sucedieron los hechos juzgados, el Ejecutivo era una coalición del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) con La Liga, a la que dejó la gestión de la inmigración, su principal tema lectoral. Hoy es el Ejecutivo de ultraderecha de Giorgia Meloni, del que forma parte Salvini, el que ataca a los magistrados que han paralizado su plan de deportaciones a Albania, basándose en la normativa de la UE, y hace la vida imposible a las ONG de rescate con reglas muy estrictas. Para Meloni la sentencia de hoy es una victoria en medio de esta batalla. La sentencia, ha dicho la primera ministra, “demuestra que las acusaciones eran infundadas y surrealistas”.
El episodio del Open Arms fue muy mediático en su día ―el actor Richard Gere acudió a apoyar a la tripulación― y evidenció las carencias de la UE para abordar el problema. Salvini, en horas bajas en el liderazgo de su partido, ha aprovechado el juicio estos últimos meses, desde que en septiembre se conoció la petición fiscal, para presentarse como víctima de una persecución: “Me declaro culpable de haber defendido Italia y los italianos. Me declaro culpable de haber mantenido mi palabra”, declaró al conocer la petición fiscal.
El juicio comenzó esta mañana con una última intervención de la acusación pública y la defensa, en las que reafirmaron sus conclusiones. La fiscal Marzia Sabella insistió en su línea: “En este proceso se discute sobre la libertad de un grupo de personas, que les fue privada impidiéndoles el desembarco”. En su arenga final de acusación en septiembre, aseguró que Salvini creó un “caos institucional con su inédita posición” y que no aplicaba la ley, sino que “era consciente de la ilegitimidad de sus actos”. “Tenía la obligación de conceder un puerto seguro y no lo hizo”, concluyó. Además, el ministerio público subrayó que había 32 menores a bordo, la mayoría finalmente evacuados al cabo de unos días: “Los menores son víctimas altamente vulnerables, no migrantes no identificados. Debían ser acogidos inmediatamente”.
La defensa de Salvini, en cambio, cuyas tesis han sido aceptadas por el tribunal, acusó a Open Arms de haber sido quien realmente secuestró a los migrantes, con un objetivo político de presión al Gobierno italiano y de enfrentarse a la política de puertos cerrados. Afirma que la nave tuvo “innumerables posibilidades” de desembarcar a estas personas en Túnez, Malta y España, pero prefirió “deambular” por el mar porque quería atracar solo en Italia. En todo caso, sus abogados argumentan que mientras el barco permaneció atracado frente al puerto de Lampedusa los náufragos siempre fueron asistidos y no corrieron riesgos. “El código penal no castiga a quien niega la libertad de desembarcar en Italia, sino a quien niega libertad de movimiento. En este caso Open Arms impidió voluntariamente que los migrantes recogidos fueran a otra parte. Tenían el deber de ir a España, donde les habían ofrecido desembarcar, pero no han querido”, ha afirmado la abogada de Salvini, su compañera de partido Giulia Bongiorno.
Aunque Salvini ya tuvo otras querellas que se quedaron en nada, la fiscal subrayó en esta última intervención que “este caso es único”, por cómo se produjeron los hechos. Todo comenzó el 1 de agosto de 2019, cuando la nave española pidió permiso para desembarcar en Italia personas rescatadas en el mar y el Gobierno italiano de Giuseppe Conte, una coalición del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y La Liga de Matteo Salvini, aplicó su nueva política de mano dura con la inmigración y cierre de puertos a las ONG. Salvini negó el permiso con un decreto, firmado por él mismo como ministro de Interior, y también por dos ministros de M5S, Elisabetta Trenta, de Defensa, y Danilo Toninelli, de Transportes.
Se inició un pulso, con un gran trasfondo político sobre la inmigración en Europa, en el que Open Arms recurrió a los tribunales italianos y se salió con la suya: el 14 de agosto suspendieron la medida. Es esta decisión del Tribunal Administrativo Regional del Lazio la que ha marcado el proceso, pues de ahí nace la acusación de secuestro de persona. La nave se dirigió entonces al puerto de Lampedusa, pero se le impidió desembarcar. El ministerio público sostuvo que la asignación de un puerto seguro de desembarco debió ser inmediata tras permitirse la entrada del buque en aguas internacionales: “Debía ser asignado sin demora, ni una hora más tarde respecto al momento en que se había pedido, la denegación se produjo con intencionado y consciente desprecio de las reglas”.
Además en la semana siguiente sucedió otra cosa decisiva: se rompió el Gobierno, y a partir de entonces tanto Conte como los ministros de M5S se desmarcaron de la política de Salvini y su cruzada contra el buque de Open Arms. Es otro aspecto crucial para la acusación, pues evidencia que fue una decisión personal del líder de la Liga, y no una política consensuada de Gobierno, que para entonces además ya estaba roto. Por eso la Fiscalía ve en la actitud de Salvini actos administrativos “ilegítimos y penalmente relevantes, consciente de actuar despreciando todas las reglas del derecho nacional e internacional, distinguiendo así su responsabilidad de la del Gobierno en su conjunto”.
La defensa de Salvini alegó precisamente que el bloqueo del Open Arms fue una decisión colectiva de todo el Gobierno de Giuseppe Conte y que fue un acto político colegiado que no puede convertirse en un proceso a un solo individuo. Sin embargo, tanto Conte como Trenta y Toninelli -los dos ministros que firmaron el primer decreto y luego se negaron a firmar otro después de que fuera anulado en los tribunales, declararon en el juicio que Salvini actuó por su cuenta.
El 20 de agosto, finalmente, el fiscal de Agrigento, competente por jurisdicción, forzó el desembarco por orden judicial y puso en marcha el proceso contra Salvini. Tuvo que autorizarlo en 2020 el Senado italiano, y con el líder de la Liga en la oposición, la mayoría votó a favor (incluidos sus exsocios de Gobierno de M5S).
