CLARIDAD
Ante la escasez de vivienda que atraviesa el país, expertos en el cooperativismo esperaban que el Gobierno de Puerto Rico respondiera con más modelos que, como las cooperativas de vivienda, ofrecieran más residencias asequibles. No obstante, advierten, el Estado se ha orientado hacia otra política pública, como proyectos privados de inversiones multimillonarias.
Para Lucy Sánchez, líder de la cooperativa El Alcázar y la Liga de Cooperativas, esta fórmula de vivienda resulta más eficiente y solidaria que otras– como un apartamento privado o uno subsidiado por el Estado– a la hora de organizar sus comunidades. Las cooperativas, cuenta la experta, manejan sus asuntos internos partiendo de la participación colectiva, como al momento del recogido de basura o alumbrar los espacios comunes.
“El gobierno se ha cerrado a la idea de que existan más cooperativas… La mayoría de nuestras cooperativas están llenas hasta el tope. Son pocas las que tienen todavía espacios para que nuevas familias se integren a ese sistema. Por ejemplo, en mi cooperativa (El Alcázar) somos 239 apartamentos y solamente uno o dos que tenemos disponibles. Tenemos una lista de espera de como 25 personas”, elaboró Sánchez.
De acuerdo con la líder comunitaria, las cooperativas apelan a quienes buscan hogares seguros, accesibles y que, a diferencia de otros modelos, permiten que los residentes participen activamente de la toma de decisiones. Inclusive, Sánchez aseveró que quienes entienden cómo opera el modelo cooperativo “prefieren estar en una lista de espera”.
“Nosotros somos los que decidimos nuestro futuro, en conjunto, la comunidad. Los condominios tienen juntas que pueden estar ahí eternamente, y las personas no tienen la participación ni la asamblea. Nosotros celebramos asambleas a las que va una cantidad sustancial de la comunidad. Y allí es donde discutimos los asuntos que queremos que se arregelen o añadan… No lo decide una persona”, continuó.
Empero, los esfuerzos por expandir las cooperativas han enfrentado poca voluntad por parte del Estado. Sánchez acudió, hace unos años, a una reunión convocada por la Liga de Cooperativas a la que acudieron: la Comisión de Vivienda, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico y el Departamento de Vivienda federal. En esa conversación, aseguró, el gobierno local comunicó que no crearía más cooperativas de vivienda.
“Aquí, simplemente nos dijeron ‘no vamos a hacer más cooperativas’. Así, ‘no vamos a hacer más’, sin dar explicaciones ni nada”, compartió con CLARIDAD.
Por otro lado, Sánchez agregó que la titularidad individual ha cobrado interés en tiempos recientes dentro de algunas cooperativas. La única distinción de esta nueva fórmula radica en que quienes opten por la titularidad podrán tener un título de la propiedad. Sin embargo, reparó la experta, las cooperativas que ofrecen la titularidad no obligan a todos sus residentes a someterse a esta opción.
“No es como los edificios, que tú puedes tener tres y cuatro apartamentos en el mismo edificio, y tú ni vivir ahí. Nosotros (las cooperativas) mantenemos que tienes que ser socio, que tienes que vivir en tu apartamento, que no lo puedes alquilar. La única diferencia ahora (con la titularidad) es que, si se aumenta la renta, es una decisión que se toma en una asamblea”, aclaró la líder de El Alcázar.
La fórmula titular, explicó Sánchez, puede repercutir en las finanzas de la cooperativa que opte por este modelo, puesto que muchas acaban reduciendo la aportación de mantenimiento y, con eso, limitando la cantidad de recursos invertidos en vida comunitaria. También, presenta contradicciones reglamentarias cuando, por ejemplo, algún residente fallece. En esos casos, los herederos por ley de esa persona heredan el título del apartamento, pero no pueden residir en el espacio hasta convertirse en socio.
“En la titularidad, tenemos las mismas responsabilidades. El reglamento no varía”, resumió.
“Quien nos supervisa a nosotros es COSSEC (Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas). Tenemos reglamentos internos, y ese reglamento interno, en el caso de El Alcázar, se mantiene como estaba. (Eso incluye) las reglas de convivencia y, ahora, lo que la ley dispone para los socios titulares, pero yo tengo que cumplir igual que un socio con título. Es el mismo reglamento”, dijo Sánchez vía telefónica.
De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de Puerto Rico, COSSEC es la corporación pública encargada de supervisar y regular a las cooperativas del país, y fue creada en virtud de la Ley 114 de 2001. Administra, además, el Fondo de Seguro de Acciones y Depósitos de los más de 1.3 millones de socios de las cooperativas de ahorro y crédito.
“No están haciendo nuevas cooperativas, y el movimiento cooperativista no tiene los recursos para hacer un edificio, o hacer casitas, o hacer ‘walkups’, pero el gobierno no quiere entender eso, están cerrados. Hay tantas estructuras que se están perdiendo con tanta necesidad de vivienda que hay… Los que dirigen el gobierno van a dar los permisos (de construir) a las personas que pueden aportar a las campañas políticas de ellos. Sencillo”, comentó la integrante de la Liga de Cooperativas.
Incluso, Sánchez mencionó el caso de un grupo de residentes de Santurce que intentó organizar una cooperativa de un edificio, pero que el Estado rehusó desarrollar. Esta falta de iniciativa también se refleja, contó la líder, en la cantidad de edificios abandonados que el gobierno desaprovecha como posibles viviendas cooperativas.
“La gente que viene a dirigir las estructuras de gobierno que tienen que ver con nosotros nunca han visitado una cooperativa. No han vivido en una cooperativa. Viven en condominios o urbanizaciones privadas, y vienen con la mentalidad con la que funcionan esas comunidades. Es difícil, porque uno no ve representación en la junta de directores del gobierno”, denunció la cooperativista.
En ese sentido, Sánchez puntualizó que esta desproporción, donde muchas veces hay más integrantes de comunidades privadas que del cooperativismo, incide en la política pública trazada para este modelo económico de vivienda. Para contrarrestar la creciente política pública, que favorece el turismo flotante y el arrendamiento a corto plazo, la ciudadanía debe organizarse y exigir más proyectos cooperativistas.
“Lo principal es la educación, que uno vaya y le diga a la gente ‘esto es lo que hay’. Para que cuando se le lleve un proyecto al gobierno, ellos vean que detrás de eso está la gente. Y como ellos están interesados en los votos, tenemos que reunir a esa población para que le haga presión a sus líderes. Para que un alcalde no tumbe un edificio y haga una barra, por ejemplo”, concluyó la líder comunitaria.
